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Minería gubernamental
Durante años, Bitcoin fue dominio exclusivo de usuarios comunes, cypherpunks, emprendedores y entusiastas financieros que se adelantaban a su tiempo. La narrativa era clara: Bitcoin era la alternativa al poder central, la herramienta de los que querían salirse del sistema. Pero como suele suceder con las ideas poderosas, el tiempo le dio la vuelta al juego. Hoy, en pleno 2025, ya no solo los individuos minan Bitcoin. También lo hacen gobiernos.
Y eso lo cambia todo.
Desde hace unos años, algunos países empezaron a coquetear con la minería como política de Estado. Al principio en voz baja, como experimentos piloto o como parte de iniciativas de energía alternativa. Pero lo que comenzó como un ensayo técnico, hoy se convierte, cada vez más, en estrategia soberana.
No es un rumor: El Salvador ya mina Bitcoin con energía volcánica. Lo hace con su propia infraestructura y lo ha presentado como parte de su camino hacia la independencia energética y financiera. Aunque su volumen de producción es modesto, el mensaje es claro: no están minando para especular, están minando como quien construye reservas estratégicas.
Y no están solos.
La geopolítica del hashrate ya está en marcha
Bután, un pequeño reino en los Himalayas, sorprendió al mundo cuando se reveló que había estado minando Bitcoin con energía hidroeléctrica durante años… en secreto. No buscaban marketing ni validación. Lo hacían como parte de su estrategia económica de largo plazo, utilizando excedentes energéticos y capital institucional.En Rusia, empresas vinculadas al Estado también están involucradas en operaciones de minería industrial, muchas veces en regiones alejadas donde la energía es barata y abundante. Aunque las sanciones internacionales dificultan la integración con exchanges globales, el poder de minar Bitcoin directamente —y sin permiso de nadie— tiene un valor que no depende de liquidez inmediata.
En Irán, la historia es parecida. El gobierno ha autorizado ciertas granjas controladas y ha usado BTC para sortear restricciones internacionales. De hecho, la minería en países con acceso a energía barata y conflictos con el sistema financiero tradicional se está volviendo una forma de resistencia silenciosa.
La lógica es simple: si puedes generar valor sin pasar por el sistema bancario global, reduces tu dependencia. Si además puedes hacerlo con tus propios recursos energéticos, estás aprovechando un activo subutilizado para acumular un activo escaso.
La minería, en ese sentido, ya no es solo una cuestión técnica. Es política monetaria alternativa.
La pregunta ya no es si más países lo harán. La pregunta es cuándo y a qué escala.
Porque mientras la mayoría de los gobiernos aún debaten si deben regular Bitcoin como mercancía, activo, divisa o amenaza, otros ya están minando en silencio. Y los que lo hacen, tienen una ventaja estructural: entienden que el que controla energía y tiene acceso directo al protocolo, no necesita autorización para participar en la economía global.
Desde Mercado Minero, hemos visto este cambio desde dentro. Clientes institucionales, gobiernos locales e incluso operadores de energía se están interesando no solo en adquirir equipos, sino en entender cómo integrarlos a su infraestructura. Porque cuando incluso los Estados empiezan a minar, los que siguen esperando se quedan sin excusa.
Bitcoin nació para ser neutral. Pero eso no significa que no tenga implicaciones. Que un país minando Bitcoin no tenga que pedir permiso a nadie… es el punto. No un problema.
Y si los Estados lo entienden, quizás sea hora de que más individuos también lo hagan.
